Muchos se sorprenderán ante la afirmación que da título a este post. Hombre, es por causar algo de polémica, nada más. En realidad, si de mí dependiera no habría canon. Ahora bien, eso no quita para que entienda que cada uno es libre de querer cobrar por su trabajo lo que a cada uno le parezca adecuado (que los demás estén dispuestos a pagártelo es otra cosa). Por tanto, la pretensión de los artistas de querer cobrar dinero a cambio de las copias privadas que sus compradores harán (o no) de sus obras me parece completamente legítima. Sin embargo, el que alguien tenga derecho a aspirar a algo no significa que deba, necesariamente, conseguirlo, del mismo modo que se le puede conceder en muy diversas formas y grados. Y es ahí donde creo que habría que hacer más hincapié en la actualidad y por eso propongo una fórmula para dejar el canon en lo que debe ser y eliminar sus gravísimas deficiencias.

Cuando entre en vigor, si lo llega a hacer, la compensación por copia privada (el “canon digital”) se articulará mediante una cantidad con la que se gravará a cualquier soporte o dispositivo capaz de albergar obras gestionadas por las entidades promotoras de todo este asunto. Es decir, esas entidades y, por ende, sus representados, cobrarán dinero gracias a las ventas de los productos de otros (que tan dueños son de sus obras como los artistas de las suyas, por cierto), cobrarán dinero de gente que no ha tenido por qué comprar ni tampoco va a copiar ninguna de sus obras y, además, cobrarán un dinero que no se encuentra en relación alguna con las actividades de copia privada del consumidor final, sino en relación con unas supuestas capacidades de los soportes y dispositivos, se usen o no para ello. Por todo esto, el canon es injusto, arbitrario, indiscriminado y desproporcionado.

Existe una fórmula para aplicar el canon que reduciría o eliminaría por completo su injusticia, arbitrariedad, indiscriminación y desproporción: aplicar el canon directamente a la obra gestionada. Actualmente, los CDs de música que compramos en las tiendas del ramo ya incluyen en su precio cantidades dedicadas a entidades como la SGAE. Las productoras y distribuidoras se encargan de liquidar esas cantidades a la entidad en cuestión y, obviamente, de repercutirlas en el precio que paga el consumidor final. ¿Qué impide que esas cantidades se vean incrementadas para incluir la compensación por copia privada? Esa fórmula no sería arbitraria, puesto que en el precio del CD estaría incluida la compensación al autor, quedando a voluntad del comprador el uso o no de ese derecho. Tampoco es injusta porque no obliga a ninguna industria ajena a la música a hacer de recaudador para los autores y, por tanto, no causa distorsiones indeseadas en ellas. No sería una fórmula indiscriminada porque no se cobraría a todos por todo, sino sólo a aquellos que, en potencia, tienen capacidad de ejercer su derecho a la copia privada. Ni sería desproporcionada, porque estaría limitada al acto concreto en el que verdaderamente te relacionas con el autor de la obra, no como lo que se pretende que se extiende a lo largo de tu vida en todas las transacciones de productos afectados que realices.

¿Por qué esta fórmula, la aplicación directa del canon a las obras gestionadas, no satisface a los artistas y las entidades de gestión? Porque la SGAE y compañía han conseguido unas leyes tremendamente beneficiosas para ellos, a pesar de ser injustas, indiscriminadas, etc., y cambiar a una fórmula que corrija esas enormes deficiencias les haría ingresar menos dinero. Lo que ingresaran sería más justo, pero lo que les importa es que sería menos. Además, al aplicar directamente esas cantidades compensatorias al precio de sus productos, estos se encarecerían considerablemente, lo que les provocaría dos problemas igual de graves: por un lado, los consumidores comprarían menos música por los precios más altos y, por otro, serían conscientes de lo que se les pretende cobrar por esa compensación, mientras que el sistema conseguido actualmente por las entidades diluye esa percepción entre decenas de otras compras, con lo que se consigue un efecto balsámico.

Por tanto, existe una fórmula adecuada para satisfacer las reclamaciones legítimas de las entidades de gestión de derechos pero su aplicación está fuera de la discusión porque sólo les produciría beneficios legítimos, mientras que sus aspiraciones actuales van muchísimo más allá de lo legítimo.

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