Demasiadas veces, los políticos nos recuerdan a los ciudadanos que debemos acatar las sentencias judiciales. Esto es falso: los únicos obligados a acatarlas son ellos mismos, pues son las instituciones del Estado las que están obligadas por la Ley a acatar lo que un juez ordene. Es decir, yo puedo estar en contra de una sentencia judicial, pero un organismo de la Administración Pública o un cargo público no pueden estarlo. Esto parece olvidárseles a los políticos demasiado a menudo. Leo en Error 500, en Enrique Dans y en Versvus que el Ministerio de Cultura ha creado un microsite dedicado a concienciarnos de lo malas, malísimas, que son las descargas de música, vídeos y libros y que son piratería. Resulta, no obstante, que todas las sentencias judiciales a este respecto hasta ahora en España indican lo contrario, es decir, que no son ilegales, que no son piratería mientras no haya ánimo de lucro, con lo que el Ministerio de Cultura está dedicando el dinero que nos roba mediante los impuestos a engañarnos y, de paso, está contradiciendo las múltiples sentencias a este respecto. Cuando está en juego la amistad de quienes te han ayudado a llegar al poder, está claro que te pasas la legalidad por el forro de los cojones.

N. B. – Mi opinión personal sobre las descargas -en general, no me gusta y, concretamente, no lo practico- tiene poco que ver en este asunto. Mi opinión y mis acciones no están contempladas en la Ley. Las de los Ministerios, sí.